Al rendir su séptimo Informe de actividades, la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX), Yasmín Esquivel Mossa, consideró que la gran transformación de México debe iniciar en los órganos impartidores de justicia.
Convencida de que jueces y magistrados son funcionarios responsables, comprometidos con México y parte del engranaje que sirve a la gente para acceder a la justicia; destacó que es indispensable iniciar una profunda transformación de las formas y medios con que actúan los órganos jurisdiccionales y buscar mayor acercamiento con la gente, para iniciar la relegitimación de estos.
Ante el jefe del gobierno José Ramón Amieva; la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum y la ministra Beatriz Luna, integrante de la SCJN, entre otros invitados, señaló que en su mayoría, los mexicanos no saben que el Tribunal de Justicia Administrativa es una instancia autónoma que garantiza seguridad jurídica a los capitalinos y resuelve objetiva e imparcialmente conflictos de particulares con el gobierno local.
Así, hizo hincapié en que los tribunales administrativos en el país son garante de la gobernabilidad y la paz social, en tanto que sus sentencias están apegadas a derecho, son objetivas e imparciales, y privilegian las resoluciones justas y equitativas que permiten mantener el orden y la gobernabilidad.
En el Museo de la Ciudad de México, la también presidenta de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de México, precisó que las sentencias que emiten el TJACDMX tienen fuerza de ley, por lo que deben cumplirse, independientemente de la voluntad de las partes en conflicto.
En ese sentido repuso que del total de las sentencias emitidas este año, el Gobierno local cumplió con el 82%, sin mediar requerimiento de los Magistrados; y el 18% restante, mediante el recurso de queja; por lo que reconoció el compromiso de las autoridades del Gobierno de la Ciudad y sus alcaldías por hacer prevalecer el Estado de Derecho.
La magistrada Jasmín Esquivel Mossa, originaria de la Ciudad de México, licenciada en Derecho por la UNAM, señaló que como parte de la transparencia y acceso a la información, el Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con un portal institucional, desde donde la gente conoce y accede a la información de los servicios prestados; y este año registró un aumento de las visitas, al elevarse a 400 mil.
La presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, especialista en Derecho Administrativo, Derecho Fiscal y Sistema Financiero Mexicano, enfatizó en que durante los siete años al frente de este órgano autónomo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha hecho ni una sola recomendación al Tribunal.
En el informe, la magistrada Jasmín Esquivel destacó que como parte de la evolución tecnológica se desarrollaron e implementaron funcionalidades y actualizaciones en el Sistema Digital de Juicios como la actualización de la Oficialía de Partes; el uso de la firma electrónica (FIREL); los módulos para las Salas en materia de Responsabilidades Públicas y Sección Especializada de Sala Superior; el Boletín Electrónico y la interconexión con el Poder Judicial Federal, entre otros.
Además, la magistrada Esquivel Mossa, que cuenta con un doctorado en Derecho, por la Universidad Complutense de Madrid, destacó la creación y desarrollo de la aplicación para teléfonos móviles del Tribunal de Justicia Administrativa, donde los usuarios pueden consultar servicios en línea, resoluciones y/o notificaciones no personales.
Tras ofrecer cifras positivas del crecimiento y eficacia del Tribunal Administrativo de la Ciudad de México, la magistrada presidenta reconoció el compromiso y esfuerzo de los 631 empleados, y se congratuló de ser un órgano que cumple con la paridad de género. No obstante, refirió que existe deuda en cuanto al nombramiento de magistradas, pues únicamente 30% de estas posiciones son ocupadas por mujeres.
Para finalizar, destacó que desde la creación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, —hace 23 años— el Tribunal no ha recibido ninguna recomendación por parte de este organismo.
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