El juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, vinculó hoy a proceso al dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Aguascalientes, Héctor Quiroz García, por el delito operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, el imputado proseguirá su proceso en libertad con medidas cautelares y pidió al juzgador tres días para el pago de la fianza de 600 mil pesos que se la había fijado.
En el caso, el juez consideró que podría haber responsabilidad de servidores públicos de Nuevo León, por lo que el Ministerio Público federal deberá investigar el porqué la administración de esa entidad, que encabeza Jaime Rodríguez Calderón, depositó los recursos a una cuenta particular a nombre de María Guadalupe Rodríguez, esposa Alberto Anaya, dirigente nacional del PT.
Durante una audiencia que se extendió por más de 11 horas y tuvo cuatro recesos, el impartidor de justicia dio un plazo de seis meses para que tanto la defensa como el Ministerio Público federal puedan presentar más elementos de prueba.
La defensa del dirigente petista presentó ocho pruebas de descargo, de las cuales sólo le fueron aceptadas tres, referentes a documentales, así como pruebas periciales y testimoniales.
Durante la audiencia de debate celebrada en el Reclusorio Norte, la defensa de Quiroz García presentó como testigos al auditor del PT, Eugenio Cantú Garza; a las profesoras de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) Josefina Mendoza Saldaña y Marlene de la Vega Peña, así como al perito contable Roberto Porras Rendón, quienes rindieron su declaración respecto a los 100 millones de pesos destinados para apoyo de dichos centros.
El juez de distrito manifestó que en una audiencia anterior, de los antecedentes de las pruebas hay indicios razonables para la vinculación del dirigente petista en Aguascalientes.
Luego de escuchar los argumentos de la defensa y del Ministerio Público de la Federación, y de cuatro recesos durante la sesión, el juez Moreno García manifestó que el hecho de que el imputado y tres personas más hayan utilizado recursos financieros sabiendo que provienen de una actividad ilícita, los hacen ilegales.
Al respecto, manifestó que le asiste la razón al defensor de que los recursos no tienen una procedencia ilícita, pues fueron proporcionados por el Gobierno del Estado de Nuevo León, luego de una transferencia que le hizo la Federación del Presupuesto de Egresos.
Sobre el particular, el juzgador manifestó que la ilicitud viene en el tratamiento que le dio el gobierno de Nuevo León, al depositar esos 100 millones de pesos a la cuenta de un particular y no a la de los Cendis.
Al respecto, dijo que podría haber responsabilidad de servidores públicos de esa entidad, por lo que el Ministerio Público federal deberá investigar el porqué eñl gobierno estatal depositó los recursos a la cuenta de María Guadalupe Rodríguez.
