Lixon es como una brillante ficha de dominó. En él prevalece más el tono oscuro reluciente de piel, que hace contraste con su dentadura blanca casi perfecta, de no ser porque le falta un diente.

Sonríe y desnuda su ser. Promete: será un famoso reggeatonero. Como los que escucha con sus enormes audífonos MT Lider. Mueve las manos y la cabeza, tararea. Para lograr tal sueño, llegará a Miami uno de estos días.

Miles de presuntos delincuentes que han sido capturados por la Fiscalía General de Jalisco –creada en el sexenio en curso– han tenido que ser puestos en libertad por los jueces locales debido a las violaciones a sus derechos humanos que fueron cometidas por agentes de la dependencia. 

La transgresión sistemática a los derechos de los detenidos por la Fiscalía, y, por tanto, al debido proceso, ha dejado un costo muy alto tanto para la integridad y dignidad de aquellos, como para las condiciones de seguridad del estado, según un reporte obtenido vía transparencia.

Aunque desde hace una década han sido presentadas ante el Congreso local ocho iniciativas de Ley para combatir la discriminación en Jalisco, el avance en la materia es lento. 

Los diputados locales acaban de dar visos de legislar en la materia, al aprobar una propuesta que conjuga varios puntos de las anteriores,  que en estos momentos está en comisiones.

Sin embargo, el nimio avance se ve opacado por las debilidades de la propuesta aprobada apenas en mayo pasado.

De acuerdo a protocolos internacionales de derechos humanos de las personas en prisión, Joaquín Guzmán Loera debió contar con una plena protección a sus derechos dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 “El Altiplano”.

Alimentación, vestido, atención médica y dental, así como acceso a actividades educativas y de entretenimiento, eran algunas de las prerrogativas a las que el capo tenía acceso en prisión.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) y el Grupo Amores solicitaron por medio de una carta que se imparta justicia tras el homicidio de la pareja formada por Rocío Elías y Juan Carlos Peña a manos de militares en el municipio de Anáhuac. 

En el escrito exhortaron a que el juez Primero de Distrito Penal de Nuevo León no se deje presionar ante una sentencia para los militares.