Durante los últimos años, las autoridades ministeriales y forenses de Jalisco incineraron o sepultaron en fosas comunes cerca de mil 800 cuerpos cuyas identidades jamás fueron determinadas.

Cuando un cuerpo es cremado es prácticamente imposible que de sus cenizas se pueda extraer material genético (ADN) que permita generar un perfil para conocer su identidad.

Esta situación se torna preocupante si se toma en cuenta que el estado se encuentra entre las tres primeras entidades del país con más desaparecidos.

Las demandas de los familiares de desaparecidos en Nuevo León han sido escuchadas, al darse a conocer la creación de tres fiscalías especializadas para su búsqueda.

La dirigente de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), Irma Leticia Hidalgo, declaró a Reporte Indigo que durante una reunión sostenida con los representantes del Gobierno estatal, se les hizo la notificación. 

Por su propio pie, con sus recursos y con el recuerdo de su hijo en mente, don Fernando arriba a un terreno montañoso a las afueras de Tijuana.

La información que le dieron es que en ese cerro hay cuerpos enterrados.

Fernando Ocegueda Flores, acompañado de “su gente” de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California y policías federales, llegó como lo hace siempre desde hace ocho años: dispuesto a encontrar a su hijo desaparecido hace años.

A pesar de que fue un compromiso del Ejecutivo tenerla lista para mediados de este año, la Ley General contra la Desaparición Forzada no tiene para cuándo ver la luz en el Congreso de la Unión.

En febrero de este año, el Gobierno Federal prometió que a más tardar en junio, la legislación sobre desaparición quedaría aprobada.

Durante una audiencia con el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizada en Ginebra, Suiza, en febrero de este año, funcionarios mexicanos calificaron como un “reto inmediato” la aprobación de esta ley.

No existe en México actualmente otro tema en la agenda nacional que exhiba más la debilidad institucional del gobierno mexicano que el de las desapariciones forzadas.

Aunque el asunto es una herencia del gobierno del expresidente Felipe Calderón, fue catapultado a nivel internacional hace un año por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la legislación al respecto sigue empantanada en el aparato federal, ahondando más la tragedia nacional.