Las acusaciones por crímenes de guerra que enfrenta el gobierno de Sri Lanka desde el término de su guerra civil en 2009 volvieron a la boca de organismos internacionales. Todo gracias a una película.
A finales de la semana pasada, el gobierno del país asiático exigió que la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) pierda su estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), reclamando que el documental “Zona Libre de Fuego: Los campos de la muerte en Sri Lanka” presenta inconsistencias y que responde a intereses políticos.
Rocío Aguilera