Para el presidente Andrés Manuel López Obrador es prioridad dar batalla a la corrupción, incluso ante la pandemia de COVID-19, por ello, ha pedido en repetidas ocasiones que se dé portazo a la impunidad y sea recuperado lo que ilegalmente se ha quitado al pueblo de México. Al máximo mandatario no le gustan los delincuentes de cuello blanco, no es extraño que en sus conferencias matutinas aproveche para exponer casos que persisten fuera del ojo público, ante ello, capta reflector que aún no se informe el desenlace de todas las averiguaciones que implican a Emilio Lozoya.
El caso por el cual se mantiene preso al antiguo director de la empresa productiva del Estado, hoy al mando de Octavio Romero, ha despertado indignación en todas las esferas ya que tiene que ver con la recepción de sobornos millonarios por parte de Odebrecht para su posterior redireccionamiento a la campaña con que se impulsaría a Enrique Peña Nieto a la Presidencia, a este se añaden los meses que pasó “en casa” luego de su extradición al país. Sin embargo, no son las únicas operaciones por las que se ha posicionado bajo la lupa de las autoridades. En 2019 se cuestionó a la Secretaría de la Función Pública sobre la revisión de movimientos financieros, transferencias o pagos de Cotemar hacia alguna de las firmas de Lozoya Austin o de sus familiares, a lo que la dependencia, que a la fecha dirige Roberto Salcedo, respondió que había un proceso en curso, pero que en aras de cumplir con lo que marca la ley, no era posible incluir mayores detalles.
A pesar de ello, en febrero de 2018 la misma SFP reveló que seguía la pista de pagos indebidos que la petrolera habría hecho a favor de la proveedora de construcción y mantenimiento de infraestructura por 240 millones de pesos, mediante dos adjudicaciones directas de 2015. Los dos contratos bajo investigación son por siete mil 818 millones de pesos y siete mil 957 millones de pesos, respectivamente, pero en el mismo año le fueron entregados otros dos jugosos convenios sin que hubiera concurso de por medio, por lo que la suma de los cuatro se calcula en más de 25 mil millones de pesos.
Así han transcurrido los años sin que se revele la relación entre la empresa fundada por Mario Dávila y el polémico personaje, incluso cuando implicaría un cuantioso quebranto. No obstante, el historial de la compañía es vasto, pues su bonanza se registra principalmente en los tres sexenios anteriores. De 2003 a 2016 se quedó con 106 contratos federales por 82 mil 807 millones de pesos, 103 de ellos celebrados con Pemex Exploración y Producción (PEP).
En el tablero no solo destaca su permanencia como ganadora de millonarios acuerdos, pues los accidentes han marcado su trayectoria; en 2011 se hundió su plataforma habitacional semisumergible Flotel Júpiter I, ubicada en la sonda de Campeche; cuatro años más tarde fallecieron siete trabajadores y 16 más resultaron heridos debido al incendio que se generó en la plataforma Abkatún A Permanente, que se ubica en las mismas aguas; sin olvidar que en 2016 llegó hasta el Senado una denuncia por un nuevo incendio en la misma locación.
¿Problemas en GM?
Los problemas no terminan para General Motors en su planta de Silao, Guanajuato, ya que esta semana se dará nuevamente una votación de grandes dimensiones en la que hasta legisladores de Estados Unidos están atentos al asunto. Al que se le puede complicar el tema es al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que afirma poder garantizar la transparencia los próximos 1 y 2 de febrero para que los trabajadores elijan, entre cuatro grupos sindicales, al que velará por sus intereses.
El tema fundamental es que ya hay señalamientos de intimidaciones a empleados para presionar su intención de voto, así que aunque asistan representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y del Instituto Nacional Electoral (INE), no hay nada que deje claro que todo se llevará con absoluto respeto a los procesos, sobre todo, porque a nuestro país no le conviene un problema gratuito con autoridades norteamericanas, mucho menos canadienses. El cacicazgo no pretende soltar tan fácil la manera en que conduce sus intereses, ¿veremos la conclusión al final de esto?, no lo sabemos pero esto ya es un dolor de cabeza para el Gobierno de la “Cuarta Transformación”.
Voz en Off
Esta semana habrá una reunión de empresarios poblanos para poner en la mesa del gobernador 150 millones de pesos a fin de reactivar el Tren Turístico que va de la capital al pueblo mágico de Cholula. En el tema está metido Ignacio Alarcón Rodríguez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El tema no está fácil porque se tendría que ir por la concesión y el gobernador Miguel Barbosa Huerta quiere un jugoso negocio para la entidad. Lo importante en esto será justo el beneficio que traerá para los poblanos…
