La figura del arraigo ya pasó de moda.
Si bien antes cada pocos días había arraigados que eran presentados con bombo y platillo por la justicia federal, los cambios en la ley han provocado el desuso de la figura jurídica, al grado de que actualmente solo hay reporte de 25 personas bajo este tipo.
Desde el cambio de administración, al ingreso de Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República fue notoria la baja en la utilización de esta figura. El primer año completo de Peña Nieto cayó de 861 casos en 2012 a 534 en 2013. Es decir, casi 40 por ciento menos arraigos.
En los tiempos de Felipe Calderón se llegaron a tener casi 2 mil arraigados en un año, en tanto que el año pasado apenas fueron 25 casos en los que se solicitó la medida precautoria.
En 2007, primer año completo de la administración de Felipe Calderón, se reportaron 703 arraigos de miembros de la delincuencia organizada. De 2008 a 2011 fueron mucho más de mil arraigos por año, siendo el año de más casos 2011, cuando se reportan mil 993 arraigos.
El 2012, ya en la administración de Enrique Peña Nieto, se aprecia una baja considerable, en todo el año se reportan 861 casos y la cifra desciende cada vez más. En 2013 son 534 arraigos, en 2014 son 264, en 2015 hay reporte de 83 casos y en 2016 llega a 25. En enero y febrero de este año, cuando se tiene el último reporte, hay solo tres casos por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Además, hay otras unidades que realizan arraigos, pero su número no es significativo.
‘Michoacanazo’ la desgasta
El arraigo es una medida cautelar establecida exclusivamente para los casos de delincuencia organizada. A petición del Ministerio Público federal, el juez podrá decretar el arraigo solo si es necesario para la investigación, protección de personas o si existe riesgo de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia.
Fue en los tiempos de Felipe Calderón en que se suscitaron arraigos bastante conocidos, como el caso del llamado “Michoacanazo”, en que fueron detenidos 38 funcionarios públicos y jefes de policía de Michoacán. Todos ellos hoy están libres tras el operativo del 26 de mayo de 2009 en que fueron detenidos por supuestos vínculos con las organizaciones criminales.
En el operativo había presidentes municipales del PRI, PRD y del propio PAN al que pertenecía el entonces mandatario michoacano. Casos como éste fueron desgastando la figura del arraigo con la cual la PGR puede tener retenida a una persona en sus instalaciones de la colonia Doctores en lo que se reúne la información para armar un expediente sólido y pueda ser consignado ante un juez.
Este proceso es de 40 días y podría ser duplicado hasta por otros 40 en materia federal, de acuerdo con la Constitución mexicana.
“La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.
“Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los 80 días”, indica la Carta Magna.
En los casos que se investigan en los estados, el tiempo del arraigo es variable.
La presentación de los presuntos culpables ante medios de comunicación y través de los medios oficiales de información dio pie a las críticas de los especialistas, ya que los inculpados recibían exhibición pública, entre otras violaciones a sus derechos humanos sin haber sido sentenciados por un juez.
Piden eliminar práctica
Organizaciones como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y el propio Departamento de Estado han criticado la figura.
El Departamento de Estado de EU indicó que el arraigo en México como forma de detención previa al juicio es una práctica violatoria de derechos humanos, en específico el debido proceso, lo cual facilita la tortura.
“En virtud de un procedimiento cautelar conocido como ‘arraigo’, algunos sospechosos pueden, con la aprobación de un juez, ser detenidos por hasta 80 días antes de la presentación de cargos formales. En la ausencia de cargos formales, las personas sometidas a detención administrativa no tienen derecho a representación legal y no son elegibles para recibir crédito por el tiempo servido si es declarado culpable”, indicó el informe de la dependencia estadounidense.
La organización Amnistía Internacional (AI) señaló que la práctica del arraigo era parte de una “detención arbitraria” en la que la autoridad muchas veces carecía de elementos para inculpar a los señalados.
“Había varios factores que contribuían a que las sentencias condenatorias fueran poco fiables, como la detención arbitraria, la tortura, la falsificación de pruebas, la ausencia del debido proceso, la negación del acceso a una defensa efectiva y la inadecuada supervisión judicial de las actuaciones.
“La detención preventiva sin cargos -conocida como arraigo- durante 80 días siguió utilizándose de manera generalizada, lo que facilitaba la tortura y otros malos tratos y socavaba las garantías procesales”, indicó AI en un informe.
La eliminación del arraigo y de su práctica es una de las peticiones de las organizaciones para el respeto a los derechos humanos.
