El (presunto) Cártel del Bordo

Uno se dedicaba a vender chácharas en el tianguis. Dos eran cobradores de carros de cascajo. Uno vendía elotes en la calle. Otro se ganaba la vida de mototaxista y uno más vendía rines. Uno trabajaba en la administración municipal y otro –un chico con evidente retraso mental- pepenaba en el Bordo de Xochiaca y hacía mandados a los vecinos.

Hoy todos están detenidos acusados de formar parte de un grupo delictivo que se dedicaba al secuestro y a la venta de droga en en el Estado de México.

Julio Ramírez Julio Ramírez Publicado el
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"Ellos son inocentes, si hubieran ellos hecho algo así como dicen que secuestraban y todo eso, vea dónde estamos viviendo, tendríamos una casa, carros, dinero, tuviéramos a nuestros hijos bien arreglados y estudiando”
Claudia PérezEsposa de Carlos Moreno
"Labores de inteligencia refieren que Rico Hernández, dirigía la célula delictiva, que se dedicaba principalmente en la venta y distribución de narcóticos, secuestro entre otros"
Informe oficial
https://www.youtube.com/watch?v=UQGGAXM0UOk

Uno se dedicaba a vender chácharas en el tianguis. Dos eran cobradores de carros de cascajo. Uno vendía elotes en la calle. Otro se ganaba la vida de mototaxista y uno más vendía rines. Uno trabajaba en la administración municipal y otro –un chico con evidente retraso mental- pepenaba en el Bordo de Xochiaca y hacía mandados a los vecinos.

Hoy todos están detenidos acusados de formar parte de un grupo delictivo que se dedicaba al secuestro y a la venta de droga en en el Estado de México.

Las familias acusan que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)   llegaron a un predio irregular aledaño al basurero y agarraron “como Dios los dio a entender”. 

Así detuvieron primero a ocho personas. Alrededor de 300 vecinos se acercaron para ver las detenciones y José Manuel Rico Hernández, quien andaba en bata y con chanclas, intentó convencer a los oficiales de que no se llevaran a los muchachos.

“Oficial, son gente de trabajo, piense en sus familias. Se lo digo con todo respeto”, les decía Rico Hernández.

Los elementos militares que apoyaban el operativo BOM (Base de Operación Mixta), le dijeron al hombre que se retirara y que no volviera. 

Rico Hernández corrió a su casa para cambiarse de ropa. A lo mejor con una vestimenta más apropiada —pensó— podría acercarse a dialogar con los uniformados. Cuando regresó al sitio fue para ser detenido junto con los otros hombres.

—Te dije que no regresaras 

—aseguran que le dijo un oficial.

José Manuel Rico Hernández, hoy de 64 años, fue presentado como el jefe de la presunta banda de secuestradores, quien a decir de las autoridades operaba “en una casucha en el Bordo de Xochiaca”.

“Labores de inteligencia refieren que Rico Hernández dirigía la célula delictiva, que se dedicaba principalmente en la venta y distribución de narcóticos, secuestro, entre otros, en los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán”, dice el comunicado oficial.

Hoy los nueve están reclusos en el Penal de Máxima Seguridad de Puente Grande, en Jalisco, acusados de delincuencia organizada, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, delitos contra la salud y privación ilegal de la libertad.

Cuentan las familias de los detenidos y presentados como supuestos plagiarios que cuando se trata de delitos federales los abogados quieren cobrar a lo grande y ellos no tienen las posibilidades. 

Los más barateros piden 120 mil pesos, los careros de 400 a 500 mil pesos. La libertad les cuesta medio millón de pesos… impagable para alguien que vive al día.

‘Meto las manos al fuego por mi marido’

Selene Zárate Gil tiene 40 años y es esposa de Mauricio Fuentes Cantero, un cobrador de cascajo que fue implicado en el secuestro de dos personas que jamás se presentaron a ratificar la declaración. Una de ellas ni siquiera fue hallada en su domicilio. Su esposo, cuenta, está en la cárcel por el secuestro de alguien que ni siquiera existe.

“Cuando les van a mandar una notificación para que se presenten en el juzgado, van al supuesto domicilio que él dio y resulta que ahí en ese domicilio nadie lo conoce. Entonces, piden información, el juzgado tiene cinco instancias para obtener información de una persona, acuden a las cinco instancias y las cinco instancias contestan que no arrojan datos de esa persona”, comenta.

El caso de los nueve hombres detenidos lleva meses en la congeladora. 

“Ni para atrás ni para adelante”. Si hubiera pruebas, piensa Selene Zárate Gil, estaría de acuerdo en que su marido purgara una condena en su contra, pero si no se las han podido ofrecer en dos años que lleva encarcelado, considera que es justo que la autoridad revise su caso.

“En el expediente viene que los policías aprehensores llevaron a sus domicilios a estas personas, y cómo es que después ya no saben. Si ya no existe esta persona, ¿cómo fue que la llevaron? Esta persona está cometiendo un delito al dar datos falsos”, considera.

“Del que sí existe, él menciona que su tía trabaja, o trabajaba, desconozco, en la PGR. Esa persona dice que solicitó videos de unas cámaras de ahí de por donde él vive, que él salió a hacer una llamada telefónica y que hay unas cámaras. Menciona el número de ID de la cámara y las ubicaciones de cada cámara. Esta persona solicitó los videos, pero jamás han llegado al juzgado y desconocemos el por qué y sí nos hubiera gustado, si hay una grabación, que ahí se vea sí son nuestros familiares los que pudieran haber llegado a hacer eso”, expresa.

Selene Zárate ya había trabajado cuando era soltera como policía municipal de Nezahualcóyotl, pero cuando se casó decidió dedicarse al cuidado de sus hijas y abandonó el empleo. Su esposo trabajó en el Bordo de Xochiaca y, si bien no tenían lujos, no les hacía falta nada.

Después de la detención de su marido padeció las necesidades económicas y no quiso regresar a la corporación y se fue a limpiar casas por un tiempo, hasta que volvió a pedir trabajo en la institución policiaca.

Cuenta que ha sido como un viacrucis o un mal sueño. El día en que los militares, estatales y federales llegaron a hacer el operativo BOM, su vida cambió por completo y ahora anhela que su esposo regrese porque está segura de su inocencia. 

“Era una persona de trabajo que no le hacía mal a nadie”.

Las familias de los acusados de secuestro afirman que el operativo que se montó para desbaratar la supuesta casa de seguridad en medio del basurero nunca existió. Llegaron los policías y los militares en camionetas y se los llevaban como los encontraban.

Estaban de casualidad

Carlos Moreno era un vendedor de elotes y cobrador de carros de cascajo, este último trabajo también lo desepeñaban Mauricio Fuentes y Martín Morales, quienes dejaban entrar a un predio cercano al Bordo de Xochiaca a los torton llenos de cascajo para que se deshicieran de todo el desperdicio que deja la demolición de edificios en el DF y el Estado de México.

Iván Huerta era ayudante de mecánico y trabajaba con su papá. Ese día arreglaba un vehículo cuando llegó el supuesto operativo al sitio.

Ignacio Pavián Román se dedicaba a trabajar su mototaxi. Salía temprano todos los días, llegaba con algo para almorzar y se salía de nuevo para regresar hasta entrada la tarde.

Había otro dos vendedores en el grupo: Fernando López Lozada ofrecía rines en la esquina de Vicente Villada y Bordo de Xochiaca, justo donde el reporte oficial indica que se desarrolló el operativo. Él llegó a vender como todos los días sus rines usados y los oficiales lo metieron al predio y salió detenido en el vehículo militar. Jesús Rosendo Martínez era vendedor de chácharas en los tianguis y acudía de vez en cuando al Bordo de Xochiaca a ver que se encontraba.

En la venta de las chácharas y ropa usada es fácil encontrarse en el Bordo de Xochiaca con un tesoro que alguien más no haya querido para venderlo en un tianguis. Ese 17 de mayo de 2013 Jesús Rosendo llegó a buscar tesoros del desperdicio y se encontró con un operativo BOM. Hoy está en el penal de Puente Grande.

José Manuel Rico era servidor público del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl y los vecinos aseguran que se lo llevaron después de que intentó defenderlo. Gritó que estaban cometiendo una injusticia. El comunicado oficial asegura que es el jefe de la supuesta banda.

“Labores de inteligencia refieren que Rico Hernández, dirigía la célula delictiva, que se dedicaba principalmente en la venta y distribución de narcóticos, secuestro, entre otros, en los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán”, indica el informe oficial.

Los familiares de los supuestos secuestradores afirman que Simón Alvarado tiene una disfunción mental. Era mandadero. La gente le pedía que le comprara tortillas, pan, alguna refacción y le daban algunas monedas. También llevaba bolsas para cargar PET y aluminio que luego vendía para llevar de comer a su casa.

Los familiares dicen que la discapacidad de Alvarado Hernández es tan evidente que la autoridad lo presentó con una bolsa de tela negra en la cara.

Vamos por ellos

La Televisión Mexiquense presentó escenas del operativo en que supuestamente se detiene a los supuestos secuestradores y se liberan a dos víctimas. De acuerdo con los familiares, en el sitio presentan a unas víctimas y luego presentan a otras con características físicas diferentes.

Los primeros, según se aprecia en el video, están agachados en la supuesta cabaña del Bordo de Xochiaca. Uno tiene pelo cano y playera azul y otro de pelo negro viste una playera negra y tiene una prenda verde que le cubre la cara. A ninguno se le aprecian los ojos vendados. En la secuencia, una vez en las instalaciones de la Policía Estatal, salen las dos supuestas víctimas, ahora con los ojos vendados. Uno, es calvo y va vestido de camisa negra, viene en una camilla y es auxiliado de dos paramédicos de la Cruz Roja, el otro tiene una camisa café, camina y también tiene los ojos vendados. Lo acompañan elementos estatales y militares.

El reporte oficial dice que los hombres fueron detenidos en flagrancia en ese predio de la colonia Benito Juárez en el municipio de Chimalhuacán, cuando la esquina en mención está en Nezahualcóyotl.

“La detención se realizó en avenida Bordo de Xochiaca y avenida Vicente Villada en la colonia Benito Juárez en el municipio de Chimalhuacán, donde se aseguraron dos fusiles de asalto calibre 7.62 mm, dos granadas de fragmentación, 254 cartuchos útiles de diferentes calibres, un aproximado de 70 envoltorios con polvo blanco y 750 gramos de sustancia blanca con las características de la cocaína”.

“En el desarrollo de la acción no se realizó disparo alguno, logrando liberar a dos personas a las cuales mantenían privadas de su libertad y por las que solicitaban una fuerte cantidad de dinero como pago de rescate”.

Incluso se pone a disposición una correo electrónico para hacer más denuncias en relación con otros casos: “La SSC mantiene el correo electrónico vamosporellos@sscedomex.com para recibir información de forma anónima de personas que participen o tenga relación en la comisión de ilícitos”.

‘Vendíamos elotes’

Claudia Pérez Tecla tiene 40 años y desde los 16 había vivido con Carlos Moreno Martínez, también de 40 años. Los últimos cinco años antes de la detención había estado en una cabañita hecha de cartón y madera en ese predio irregular de Nezahualcóyotl en los linderos con el Bordo de Xochiaca.

Su marido criaba gallos de pelea, tenía un carrito usado y en el día se dedicaba a cobrarle a los camiones que tiraban el cascajo en el predio y durante la tarde se iban los dos a vender elotes en un barrio llamado La Malinche y varias colonias del Estado de México.

Hoy Claudia Pérez vive en la calle. Días después de la detención se presentó otro operativo federal para sacarlos de los alrededores del Bordo de Xochiaca. El ayuntamiento de Nezahualcóyotl “los dejó” vivir en la calle.

Ante la impotencia de no poder acudir a ningún lado, colgó una lona y metió un sillón que se encontró y dos roperos. Tiene una televisión y dos camas.

“Ese día yo estaba en mi cabaña y una vecina gritó: ‘ya entraron los militares’ y mi esposo tenía una hora que se había salido al mercado, fue a traer comida para sus gallos y el desayuno. Él se acercó al zaguán y se paró ahí y salió un militar y lo agarró. Le preguntó: ¿y tú qué haces aquí? Le dijo ‘aquí vivo, está mi familia allá adentro’. Ah, sí, aquí vives, a ver, ven, vamos a revisar tu carro”.

Los militares revisaron el vehículo y se lo treparon “a una revisión de unas horas”.

“Lo llevaba torcido de la mano izquierda, la derecha la tiene mala, tiene tornillos. Ya revisó su carro, hasta lo dejaron abierto el carro y lo metieron hacia adentro del predio y lo subieron a la patrulla. Yo me acerqué y le dije al militar ‘¿por qué te lo llevas o qué? Me dicen ‘es una revisión de tres horas’. En tres horas se lo regresamos. Entonces, le dije ‘no te lo vas a llevar’. Y el militar me aventó y mi esposo se puso al tú por tú porque me aventó y, dice, ‘ya déjalos que me lleven’”

Los militares se llevaron a su esposo y desde entonces ha tenido muchas complicaciones económicas, sacó a su hija de la preparatoria y a su hijo de la primaria por falta de recursos.

“Saqué a mi niño de la escuela, ella iba en la prepa, el niño ya no quiso ir porque lo humillaban. Ahí en la escuela en donde lo apunté iban muchos niños que le hacían burla porque su papá estaba en la cárcel y de ahí ya no quiso ir a la escuela y lo metí a otra y fue lo mismo. Lloraba y decía que ya no quería ir”.

Todo lo comenzó a perder desde ese 17 de mayo de 2013. Primero se llevaron a su marido, luego vendió los gallos de pelea, luego el carrito viejo y al final la echaron de la cabaña en donde vivía. Ahora duerme en una banqueta, tomando la luz eléctrica de un anexo de jóvenes adictos quienes le pasan ropa para que se las lave y de esa manera se sostiene.

Claudia Pérez dice que está segura de que algún día su esposo va a salir de Puente Grande y volverán a criar gallos y vender elotes, porque así eran felices.

“Ellos son inocentes, si hubieran ellos hecho algo así como dicen que secuestraban y todo eso, vea dónde estamos viviendo, tendríamos una casa, carros, dinero, tuviéramos a nuestros hijos bien arreglados y estudiando.”

“Ojalá que nos hicieran caso y que la gente nos apoyara, que crean en nosotros, en nuestros familiares, ellos no hicieron nada. Los policías que agarren a la gente que sí son secuestradores y todo eso, pues ellos son gente inocente que se dedicaba a trabajar para su familia”

“Ahorita el proceso está detenido, que faltan firmas, que no sé qué, del MP o del perito”, afirma Claudia Pérez.

Los familiares confían en que ya se resuelva la situación jurídica, porque el proceso tiene meses congelado desde aquel 17 de mayo de 2013 en que la SSC anunció en un comunicado que “las armas, cartuchos, narcóticos y personas aseguradas fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial, la cual determinará su situación jurídica”.

María Magdalena Narváez Gómez, esposa de Ignacio Pavián Román, dice que sí mete las manos al fuego por su esposo, quien era una persona honrada y si ese día le tocó ser aprehendido fue porque estaba “cerca del borlote”.

“Mi hijo en ese entonces tenía como 13 años y nos vinimos hacia la puerta. Una señora se me acerca y me dice ‘¿no sabe que detuvieron a su esposo?’ Le dije no. Sí, señora, lo bajaron del mototaxi, le pegaron y lo metieron a una casita que está ahí de material y le pegaron”.

Intentó llegar al sitio, pero le preocupó también su hijo, así que esperó hasta que la noticia llegó en la voz de sus vecinos.

“Mi esposo ya no se pudo salir porque lo bajó del mototaxi y le pegó”, cuenta.

“Mi esposo salió como cuarto para las 9:00 de la casa y él me dijo que ya se iba y le dije que Dios te acompañe. Empezaron a correr las personas, y tendría como 15 minutos y le pregunto a un vecino qué pasa y me dijo que se metió el Ejército y se están llevando a todos los hombres”.

—Pero, ¿por qué?

—No sabemos.

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