La falta de acceso a la justicia en el país ha ocasionado que dos mil 155 personas presas se acerquen a la Secretaría de Gobernación (Segob) para solicitar asesoría y que se revisen fallas en el debido proceso, la falta de una buena defensa, casos de tortura y otras irregularidades, de acuerdo con una respuesta vía transparencia.
Abogados consultados por Reporte Índigo toman diferentes posturas sobre si la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia (UASJ) de la Secretaría de Gobernación (Segob) realmente sirve para ayudar a las personas encarceladas o si solo es una carga burocrática.
La justicia en México no se aplica de la misma manera para todos, uno de los motivos por los cuales es necesario reformar este sistema en el país
Desde la campaña presidencial, uno de los ofrecimientos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su Proyecto Alternativo de Nación fue una reforma al Poder Judicial, la cual iniciaría con una baja en los sueldos de jueces y magistrados, hecho que no se ha concretado.
Las fallas que actualmente enfrenta el sistema de justicia están representadas en el caso de Florence Cassez, la ciudadana francesa acusada de secuestro y quien fue liberada porque se corrompió la escena de la captura tras una intervención de medios de comunicación y autoridades que montaron el operativo
Tras fuertes presiones del gobierno francés, que incluso canceló la celebración del Año de México en Francia, la ciudadana gala fue liberada; en tanto, su presunto cómplice mexicano Israel Vallarta, se encuentra recluido por el mismo caso, supuestamente porque él enfrenta cargos adicionales, seis más que los de Florence Cassez, hoy libre y en Francia.
El caso da cuenta de que los preceptos legales no se cumplen de la misma manera para todos y hay dislates en la aplicación de la justicia.
Esta serie de “asesorías” que han solicitado los más de dos mil presos requieren la revisión de los expedientes en donde los abogados han identificado diferentes irregularidades en los procesos de justicia.
Entre otras fallas, la UASJ encontró que hay casos de detenciones ilegales, defensa inadecuada de los imputados, falta de práctica de las diligencias básicas para acreditar la responsabilidad del imputado, casos de tortura por parte de los agentes del Estado y omisiones para investigar y sancionar algunas conductas.
Además, en materia de violación al debido proceso se incumplen leyes como la garantía de audiencia y medidas cautelares, el derecho de acceso a la justicia y a contar con un intérprete en el caso de personas extranjeras o de origen indígena, así como la falta de una asistencia consular.
Para el abogado y cineasta Roberto Hernández, creador del documental “Presunto Culpable”, esta asesoría de la Secretaría de Gobernación es bastante valiosa.
“Esta área tiene mucha relevancia y capacidad de influencia. El sistema de justicia todavía no funciona bien por sí solo. Tenemos defensorías públicas débiles. Y aún tenemos policías que carecen de capacitación. La gestión política es esencial para darle atención a miles de casos, pero además para detectar oportunidades de reformar. De inocentes presos y víctimas de tortura son muchos más casos que los que esa unidad tiene capacidad de absorber”, asegura el también profesor.
Por su parte, el abogado Ignacio Mendoza Martínez, quien fue subsecretario de la entonces PGJE de Michoacán y acusado en el caso denominado “El Michoacanazo”, considera que áreas como la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia (UASJ) carecen de facultad para incidir en los procesos de justicia.
Con todo respeto, ese tipo de unidades no sirven más que para dar una opinión, la cual no tiene un efecto legal. Es una opinión, como te la puede dar cualquier abogado. No tiene validez
Justicia: Promesa de campaña
Una de las ofertas de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue una reforma al Poder Judicial.
“Modificar o reformar las estructuras del Poder Judicial, cualquiera que sea su nivel (federal o local), repercute directamente en las personas que enfrentan un litigio, sometiéndolas a retrasos en sus juicios. Sin embargo, la magnitud de los presupuestos asignados, en términos de una austeridad republicana, y la importancia de la tarea jurisdiccional, ameritan una revisión a esas estructuras institucionales”, se explica en el plan rector del gobierno actual.
El documento indica que se debe trasladar totalmente al Poder Judicial la competencia en la investigación, persecución y sanción de la corrupción, porque el principio de independencia del órgano competente constituye la única forma para erradicar las malas prácticas.
Una de las críticas era que el actual Sistema Nacional Anticorrupción otorga al Poder Judicial “un tratamiento privilegiado y un régimen de excepción”, siendo éste uno de los poderes de la unión más agobiado por la impunidad.
“A poco más de veinte años de su creación, cada vez es más apremiante revisar las facultades y carga administrativa del Consejo de la Judicatura Federal. Con un costo presupuestal cada vez mayor y una Suprema Corte creciendo en cuestiones administrativas, es impostergable llevar a cabo un rediseño para mantener la eficiencia institucional de ambos organismos, ya que constituyen la cúspide del Poder Judicial”, detalla el proyecto.
