En México tiene que haber una reforma que se centre en el Poder Judicial porque ante la falta de justicia se voltea para todos lados, excepto a los jueces, considera el abogado litigante Ignacio Mendoza Martínez.
El poder más importante en este momento que tendría que ser reformado para que deje de ser corrupto y deje de ser una olla de familiares, es el judicial
“Yo creo que ese tipo de instancias (como la UASJ) deberían establecerse en otras dependencias, no en la Secretaría de Gobernación, no es una función de la Segob.
“Lo que tiene que haber es una reforma al Poder Judicial, a los poderes judiciales de este país, para que se vayan dando menos este tipo de violaciones, porque el poder más importante en este momento que tendría que ser reformado para que deje de ser corrupto, deje de ser una olla de familiares, es el judicial”, asegura el abogado.
Mendoza Martínez comenta que conoce por dentro el sistema de justicia luego de que fue detenido como parte del operativo conocido como “El Michoacanazo”, que lo llevó a estar preso en un penal de Nayarit.
“Tiene que haber una reforma porque si no vamos a seguir confundiendo a los ciudadanos y van a ir asistiendo a diferentes entes a que les digan lo que ya saben, el problema es que aunque se los digan no tiene un efecto real en sus procesos ni en sus pretensiones”, afirma.
Las opiniones que genera la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de Gobernación, de acuerdo con Mendoza Martínez, no considera a los verdaderos responsables de hacer cambios en los procesos judiciales y se trata solo de una opinión experta.
Ante fallas en el debido proceso, lo mejor es exhibir a quienes hacen mal su trabajo, ya que las recomendaciones de la UASJ no son vinculantes
“Al tener ellos (los jueces) esas facultades de establecer lo que dicen de violaciones al debido proceso, al principio de legalidad, a la presunción de inocencia, a la garantía de audiencia, son ellos los responsables de establecer que se dieron, pero también son ellos los responsables principales de que no se cometan. Y todo mundo volteamos a ver a los Ejecutivos, los Legislativos o a las Fiscalías -que también hacen muy mal su trabajo-, pero nadie está volteando a ver al Poder Judicial”, explica.
Recuerda que estas dos mil 155 personas están desesperadas por encontrar justicia y aseguran que fueron víctimas de una violación grave que los tiene en la cárcel y ante la negativa y cerrazón en el Poder Judicial buscan otras herramientas, como el caso de Israel Vallarta, preso junto con Florence Cassez y quien no ha tenido el mismo trato.
“Se han acercado dos mil y tantas gentes, han revisado los expedientes que seguramente la gente lleva y a criterio de quien los revisó existen una serie de circunstancias donde ellos establecen que puede haber una violación del proceso, falta de diligencias, etcétera. Sin embargo, eso no tiene ningún efecto legal”, considera el abogado.
“Más allá de la consulta, no tiene ninguna aplicación concreta ni real”.
De acuerdo con su experiencia, la estrategia ante una acusación falsa o una falla en el debido proceso es exhibir a los funcionarios que hacen mal su trabajo. Gracias a esto, dice, él pudo salir a los ocho meses de prisión tras haber sido acusado de tener vínculos con el cártel de La Familia Michoacana.
Las opiniones que genera la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de Gobernación no considera a los verdaderos responsables de hacer cambios en los procesos judiciales
Defensa pública débil, falla del Poder Judicial
La defensoría pública en México es bastante débil y requiere de impulso, afirma Roberto Hernández, autor de documentales como “El Túnel” y “Presunto Culpable”.
Además considera que muchas cosas mejoraron con la adopción del nuevo sistema de justicia, pero falta mucho por hacer.
La verdad me parece muy bien que Segob tenga un área como ésta. (...) El tema es que dada la magnitud de casos heredados habría que considerar un apoyo adicional: por ejemplo, crear una defensoría nacional pública, que esté adscrita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya que son miles y miles de casos
Ejemplifica que en México la cifra estimada de víctimas de casos de tortura equivale al menos al 79 por ciento de la población penitenciaria en el momento en el que INEGI hizo la última encuesta, que considera los años 2006 a 2016. Para este estudio se entrevistó a una muestra de 51 mil 658 personas privadas de la libertad en cárceles de nuestro país.
Es decir, existe un grueso de casos que tendrían que verificarse de personas que fueron presuntamente torturadas y con base en ello revisar su expediente.
“Si el Poder Judicial pudiera detectarlos adecuadamente, no veríamos esas cantidades de casos”, afirma Roberto Hernández.
El cineasta considera que además de que la CNDH absorba y asuma la labor de brindar el servicio de defensoría pública en materia penal principalmente, se tiene que incrementar el gasto en los poderes locales y no tanto pensar en una nueva reforma al Poder Judicial.
“Si bien hacen falta ajustes en el Poder Judicial, yo no pondría el enfoque ahí. El Poder Judicial ya recibió una reforma de gran magnitud y transitó a un sistema de juicios orales. El tema es el nivel de gasto público en los poderes judiciales locales. Es muy bajo. Por otro lado, las instituciones que permanecen débiles son la defensa pública y la policía. Mi sugerencia es que siga existiendo esa unidad en Segob, porque la gestión política es esencial en estas condiciones”, asegura Roberto Hernández.
La CNDH debería asumir la labor de brindar el servicio de defensoría pública en materia penal principalmente, pues los poderes locales no cuentan con los recursos para atender todos los casos
